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Las primeras elecciones republicanas fueron las más democráticas de las celebradas hasta entonces en la historia de España. El partido que obtuvo más escaños fue el PSOE. Considerados en conjunto, la izquierda alcanzó una clara mayoría. Tiempo después se formó el primer gobierno constitucional, presidido por Manuel Azaña (Acción Republicana) e integrado principalmente por republicanos de izquierdas y socialistas. En un gesto conciliador se cedió la presidencia de la República al conservador Alcalá Zamora.
El nuevo gobierno se propuso la tarea de realizar una profunda transformación de la realidad española, con el fin de satisfacer las amplias expectativas sociales depositadas en él.
- Política religiosa: Se empezaron a promulgar leyes que afectaban directamente los intereses de la Iglesia (disolución de la Compañía de Jesús y confiscación de sus bienes, matrimonio civil, divorcio, prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, etc.). Amplios sectores del clero interpretaron estas medidas como una provocación. Esto significó una constante oposición entre la Iglesia, apoyada por el partido de Acción Popular, y la República.
- La enseñanza y la cultura: En el campo de la educación, el problema básico con el que se enfrentó la República fue el elevado índice de analfabetismo y la falta de escolarización de casi la mitad de la población infantil. Por ello los mayores esfuerzos se centraron en la enseñanza primaria. Para ello se programó la construcción de nuevas aulas que en algunos casos se vieron frenadas por falta de presupuestos pero que supusieron un aumento de un 50 % sobre las ya existentes. Otro objetivo, en concordancia con el carácter laico del Estado, fue establecer en la escuela la libertad religiosa, tanto para profesores como para alumnos.
- La reforma del ejército: La mayoría de los militares se habían mostrado contrarios al régimen republicano, por tanto, la reforma del ejército se convirtió en un asunto prioritario. Los objetivos eran dos: ganarse la fidelidad del ejército para la República y aumentar su eficacia. Para resolver este problema Azaña propuso el retiro, con el sueldo íntegro, de todos los oficiales que no quisieran prestar juramento de fidelidad a la República. Además, se colocó al frente de las principales capitanías generales a militares de confianza. Con ello se aseguró, teóricamente, la lealtad del ejército. Paralelamente, se creó la Guardia de Asalto, como cuerpo afín a la República y encargado del orden público, con el fin de sustituir al ejército en esta función.
- La política autonómica: La Constitución mencionaba la posibilidad de conceder la autonomía a las regiones que lo solicitasen. De esta manera Cataluña conseguía su Estatuto en septiembre de 1932, a través del cual se convertía en región autónoma, que sería regida por un gobierno propio, la Generalitat, formada por un presidente, un parlamento y un consejo ejecutivo. El País Vasco, a pesar de la fuerza del movimiento autonomista, no tuvo su estatuto hasta 1936. No obstante, la política autonómica levantó el recelo de un sector del ejército y de los sectores sociales más conservadores temerosos de la posible división de España.
- El problema social: A causa de la crisis económica mundial de 1929, el paro obrero en España constituye uno de los elementos dominantes del panorama social entre 1931 y 1936. La legislación laboral alcanzó gran amplitud durante los dos primeros años de gobierno de la República: leyes de jornada máxima, de regulación del derecho a la huelga, etc. La actitud de los grandes sindicatos frente a la cuestión social no seguía una línea única, aunque, en general, destacó la oposición violenta de los anarquistas hacia la República.
- La reforma agraria: La reforma agraria fue, sin duda, el proyecto económico y social de mayor magnitud que debía acometer la República, pues España seguía siendo un país eminentemente agrario; los campesinos eran casi el 50 % de la población activa y de ellos la mayoría eran jornaleros, es decir, campesinos sin tierra. Sin embargo, el principal problema del campo afectaba a la estructura de la propiedad con amplios latifundios al sur del Tajo, que colocaba a amplios sectores sociales en una situación de miseria y paro. Por ello, periódicamente se producían ocupaciones ilegales y estallidos de violencia social. La Ley de Reforma Agraria establecía la expropiación con indemnización de las grandes fincas que no fuesen cultivadas según las costumbres de la zona, para ser repartidas entre las familias de campesinos o entre colectividades de agricultores. Para llevar a cabo la redistribución de las tierras se creó el Instituto de Reforma Agraria. Sin embargo el sistema de redistribución presentó muchos problemas, a los que hay que unir la oposición de los terratenientes expropiados, el carácter excesivamente burocrático del Instituto, la falta de estudios previos sobre calidad y rendimientos de la tierra, etc. La tan anhelada reforma agraria supuso una considerable frustración para los campesinos que habían depositado la esperanza de un futuro mejor.
A mediados de 1933, la oposición de los partidos de derechas y la postura violenta de los anarquistas en la cuestión agraria, hicieron aparecen síntomas de inestabilidad. En 1933, Azaña dimitió como jefe del gobierno y Alcalá-Zamora decidió convocar nuevas elecciones, que desembocará en el bienio radical-cedista.
