La toma del poder político por Felipe V trajo a España un intento de solucionar los problemas políticos del país, heredados del s. XVII, según las fórmulas francesas propias del absolutismo de Luis XIV: unificación y centralización del poder político. La reorganización político- administrativa del nuevo Estado fue obra de los tres primeros borbones: Felipe V (1700-1724), Fernando VI (1746-1759) y Carlos III (1759-1788), cada uno de los cuales contribuyó de alguna forma al establecimiento de una monarquía fuerte, centralista y unificada, según el modelo francés.
La modificación más importante fue la unificación jurídica e institucional de la monarquía, sobre todo con los Decretos de Nueva Planta, promulgados por Felipe V. Debido al apoyo prestado al archiduque Carlos de Austria en la Guerra de Sucesión, Felipe V suprimió los fueros e instituciones particulares de los territorios de la Corona de Aragón: primero los de Valencia y Aragón (1707) y después los de Cataluña (1714). Estos decretos establecían:
- La abolición de los fueros y las Cortes de cada reino. En lo sucesivo sería Cortes únicas para toda la monarquía y además sin poder vinculante.
- La sustitución del virrey de los Habsburgo por un Capitán General, al frente de una Audiencia
- La imposición del castellano como lengua de la administración de justicia en Cataluña.
Con esta unificación se intenta la regeneración del país a base de una administración racional, eficaz, un control de los recursos hacendísticos y la eliminación de la diversidad jurídica y jurisdiccional. Si la Corona de Aragón pierde su autonomía política, Castilla pierde el monopolio económico ejercido sobre América. Así se suprimen aduanas interiores, lo que fomenta el comercio y desarrolla la economía, se establece la libertad comercial con las colonias y se unifican muchos aspectos legislativos.
La creación de un modelo único de administración territorial para todos los reinos de España (excepto Navarra y provincias vascas, que se mantuvieron fieles al candidato francés en la guerra de Sucesión), consistió en la imposición dentro de todo el territorio peninsular del modelo jurídico e institucional de Castilla. Cada reino, a partir de ahora, será gobernado por un Capitán General con funciones militares, políticas y administrativas, y las Audiencias, máximos órganos jurídicos sometidas al control del Capitán General. Por lo que respecta al régimen contributivo y fiscal, todo el país quedó unificado también según el modelo castellano.
Esta nueva organización territorial anulaba la existencia de cualquier centro de decisión política situado fuera de la capital del estado: Madrid. Este proceso supuso una reorganización del poder del estado basado en la centralización del poder político. El rey gobierna con un carácter absoluto. Se suprimieron las Cortes particulares de cada reino, en lo sucesivo serían Cortes únicas para toda la monarquía y su poder será similar al que tenían las Cortes castellanas. La modificación más importante que se introdujo en el poder central fue la tendencia a sustituir los Consejos por Secretarías de Despacho. Su número y competencias sufrieron variaciones con el tiempo. A su frente estaban los secretarios (el más claro precedente de los modernos ministros), que despachaban directamente con el rey. Por otro lado, crearon las intendencias que eran divisiones administrativas (equivalentes al concepto actual de provincias) que los Borbones crearon siguiendo el modelo francés, en su afán de controlar desde el poder central todo el territorio. A su cabeza estaban los intendentes, hombres de confianza que actuaban como delegados territoriales del gobierno.
La nueva monarquía impulsó también desde muy pronto la educación, el establecimiento de instituciones académicas, la investigación científica (Biblioteca Real, 1712; Real Academia Española, 1713; etc.); y la creación de reales fábricas para la introducción de nuevas técnicas de fabricación y el impulso a sectores decaídos o inexistentes (Real Fábrica de Paños en Guadalajara, 1717; de tapices en Madrid; etc.). De la labor de ilustrados como Patiño, Campillo y Ensenada emergió una verdadera obra de gobierno: reformas en la administración y la hacienda, impulso al comercio con América y a la construcción naval, fortalecimiento militar de España. A Ensenada, también, se debió la ordenación de carreteras y caminos reales, esto es, el inicio de la construcción de una red vial nacional con centro en Madrid, y el comienzo igualmente de la construcción de una red de canales navegables en Castilla y Aragón.
En suma, con los decretos de Nueva Planta España pasa a ser un Estado unitario, centralista y absolutista, dejando atrás la concepción pactista-federal de los siglos anteriores.
