En materia de política exterior un evento decisivo será la integración de España en la CEE (actual UE). En este sentido, pese a los esfuerzos realizados por la Dictadura Franquista para la adhesión a Europa, la CEE había rechazado a España por el carácter antidemocrático del Régimen. Muerto el Dictador, la UCD retoma las negociaciones en 1977, pero las presiones francesas fundamentalmente aplazarán la entrada española. Finalmente el PSOE alcanzó la integración plena mediante el Tratado de Adhesión firmado el 12 de junio de 1985 junto con Portugal, que entraría en vigor el 1 de enero de 1986. El ingreso se preparó en una primera etapa del gobierno socialista en la que el reajuste económico fue la nota predominante. El objetivo del mismo no era otro que atajar la crisis latente y preparar a España para el citado ingreso en la CEE. Principalmente se adoptaron medidas para paliar la inflación, aunque el paro siguió creciendo, y desde 1984 se emprendió un proceso de reconversión industrial que tuvo un enorme coste social (despidos, jubilaciones anticipadas, conflictividad laboral). Por otra parte, a cambio de su ingreso, España tuvo que hacer grandes concesiones económicas, reduciendo su producción agropecuaria hasta alcanzar unos cupos establecidos (especialmente de leche, vino y aceite para no saturar un mercado común, libre y sin fronteras); pero obtuvo ventajas políticas y económicas al caminar, junto a los países de su entorno, hacia una Europa unida. Coincidiendo con el ingreso en la CEE España inicia una etapa de relanzamiento económico que se extenderá hasta principios de los 90. Además, podemos destacar que en 1989, España ocupó por primera vez la presidencia de la CEE, que ejercen por turno los distintos países miembros.
La política de integración europea prosiguió su curso y el 7 de febrero de 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, por el que se creaba la UE en sustitución de la CEE. En ese mismo año España atraviesa una etapa de esplendor de su imagen en el exterior asociada a la celebración de dos grandes eventos como los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Con el tratado de Maastricht se establecía además un programa de convergencia económica que obligaba a todos los países miembros a adoptar una serie de medidas que les permitieran lograr la unión económica y monetaria (bajo la dirección del Banco Central Europeo) y utilizar una moneda común, el euro. España se comprometió a reducir su deuda pública y su inflación pero para ello tuvo que adoptar medidas impopulares como la contención del gasto público y la congelación de los salarios de los funcionarios. Finalmente el gobierno del PSOE no cumplió todos los requisitos impuestos en Maastricht pero al menos consiguió beneficiarse desde 1993 de los fondos de cohesión destinados a los miembros de la UE con menos recursos.
Los criterios de Maastricht fueron finalmente satisfechos durante el período de bonanza económica del primer gobierno del PP, aunque a costa de aplicar severas medidas de austeridad. Concretamente antes de la fecha tope para lograr el ajuste, mayo de 1998, el país alcanzó los niveles exigidos para el ingreso en materia de inflación (alcanzada con una política de moderación del gasto público y de contención salarial), deuda pública (en la que fueron determinantes las privatizaciones de empresas estatales rentables como Repsol, Endesa o Telefónica), déficit público y tipos de interés. Pudo así entrar en la Unión Económica y Monetaria europea y adoptar el euro, que se puso en circulación física sustituyendo a la peseta en enero de 2002, así como incorporarse a otro tipo de ventajas económico-sociales que implican la pertenencia a la Unión Europea, entre los que destacan el comercio de bienes y servicios, la movilidad del capital y la movilidad de la mano de obra.
Actualmente la posición de España en la ampliada UE se debate entre pasar de estar a la cola de la institución o sumarse a los puestos de mayor responsabilidad, para lo cual debe concienciarse de que debe dejar de recibir ayudas comunitarias en la línea mantenida hasta la fecha. Bien es cierto que el papel que jugará el país en la UE tiene mucho que ver con:
- Su capacidad para mejorar dos indicadores que tradicionalmente han estado distantes de la media europea, como el producto interior bruto por habitante y la tasa de paro. Concretamente este último puede ser el gran hándicap que impida gozar de credibilidad internacional, pues roza cifras que rondan el 20 %, frente a otros países miembros que apenas alcanzan el 10 %.
- Su posicionamiento tras las recientes incorporaciones de 2004 y 2007, que dejan una Unión Europea de 27 miembros frente a los 15 que mayoritariamente la habían conformado.
- El tiempo que precise y las soluciones que adopte para afrontar la actual crisis económica, en la que Alemania se ha erigido en la nación que dictamina las medidas necesarias para que los países miembros salgan de la depresión. En el caso español la solución se antoja más complicada en tanto en cuanto la riqueza del país ha estado excesivamente condicionada por dos sectores interrelacionados como el inmobiliario, en galopante crisis, y el turismo.
